El Senado rechaza peticiones empresariales en reforma laboral aprobada.

El Senado de la República ha dado luz verde por segunda vez a la modificación de la Ley 16-92 del Código de Trabajo. Ahora, la decisión de promulgarla recae en la Cámara de Diputados. Durante las discusiones, se han planteado propuestas para cambiar aspectos como las indemnizaciones por despido y facilitar la contratación de trabajadores extranjeros en sectores como la agricultura. Sin embargo, los senadores no han acogido positivamente estas sugerencias.

En esta nueva jornada legislativa, se ha confirmado la aprobación definitiva de la iniciativa que busca reformar la Ley 16-92 del Código de Trabajo. Esta decisión implica que ahora la Cámara de Diputados deberá tomar la decisión final sobre su promulgación.

A pesar de los avances contenidos en el documento elaborado por el Gobierno y modificado en el Senado, las discusiones han estado marcadas por las constantes recomendaciones y observaciones de los representantes empresariales. Desde proponer cambios en las indemnizaciones por despido hasta pedir mayor flexibilidad en la contratación de trabajadores extranjeros en la agricultura, las propuestas han sido diversas y debatidas en el Congreso Nacional.

Los senadores han optado por mantener intactos ciertos puntos, desestimando las sugerencias de los sectores productivos, representados por el Consejo Nacional de las Empresas Privadas (CONEP), la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) y otras organizaciones.

Ha surgido un debate sobre la transferencia de la atribución que permite al Poder Ejecutivo conceder permisos adicionales en cuanto a la proporción de empleados nacionales e inmigrantes. Algunos sectores abogan por mantener esta atribución en la Presidencia, argumentando posibles favoritismos si se traslada al Ministerio de Trabajo.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ha respaldado esta postura, destacando la importancia de que estas atribuciones sigan en manos del Poder Ejecutivo. Se ha rechazado la propuesta de establecer un tope de 10 salarios mínimos para las prestaciones laborales, así como otras alternativas planteadas por los sectores empresariales.

En resumen, la discusión en torno a la modificación de la Ley 16-92 del Código de Trabajo continúa generando debate y diferencias de opinión entre los distintos actores involucrados. La decisión final sobre su promulgación queda ahora en manos de la Cámara de Diputados, donde se espera que se resuelvan los puntos de discordia planteados en el Senado.