Orden Judicial sin Precedentes: Venta Anticipada de Bienes Incautados en Operación Guepardo

Una jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción en La Romana ha marcado un hito a nivel nacional al permitir la venta anticipada de bienes incautados en un caso vinculado a una red de estafa electrónica y lavado de activos desmantelada en la Operación Guepardo. La magistrada Vicky Chalas tomó esta decisión tras la solicitud de los fiscales Claudio Cordero y Manuel Castro del PEPCA, junto con la fiscal Mayerling Rondón de La Romana.

Los bienes en cuestión pertenecen a Novasco Real Estate SRL, empresa vinculada a los líderes de la red, incluida Loany Lismeiry Ortiz Nova. La venta anticipada tiene como objetivo proteger los bienes incautados, como materiales de construcción y equipos de oficina, para evitar su deterioro.

La venta anticipada es un paso crucial para resguardar los bienes mientras se lleva a cabo el proceso judicial. Los fiscales y la jueza han actuado con determinación para garantizar que los activos confiscados no se pierdan ni se deterioren, lo que permitirá una eventual compensación a las víctimas una vez que se dicte la sentencia final.

El marco legal que respalda esta sentencia se basa en el Artículo 69 de la Ley 60-23 para la Administración de Bienes Secuestrados y Abandonados, que establece la creación del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide).

Los bienes que se pondrán en venta incluyen propiedades, maquinaria, materiales de construcción y equipos de oficina que formaban parte de los proyectos ficticios liderados por la organización criminal. Esta red delictiva, que operaba bajo la fachada de la reconocida empresa internacional RE/MAX, logró recaudar una suma considerable de dinero.

Los principales implicados en este caso enfrentan medidas cautelares como la prisión preventiva, demostrando la determinación de las autoridades en combatir este tipo de delitos. La justicia está actuando con firmeza para llevar ante la ley a todos los involucrados en estas actividades ilícitas que involucran estafa, lavado de activos y otros crímenes de alta tecnología.

Este caso sirve como un recordatorio de la importancia de la labor de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero. La colaboración entre fiscales, jueces y agentes de la ley es fundamental para desarticular estas redes criminales y garantizar un sistema de justicia efectivo y equitativo.