Capacitación de Itla: Empleados deben comentar y firmar cartas sobre cobros irregulares

El programa N Investiga sacó a la luz una situación impactante: 42 empleados del Instituto Tecnológico de Las Américas (Itla) estaban realizando cobros irregulares equivalentes al 5% de su salario mensual para apoyar un movimiento político. Esta revelación desencadenó una denuncia que apunta a que la institución estaba instruyendo a sus colaboradores a defender esta práctica, que infringe la Ley de Función Pública 41-08. Entre los comentarios, sobresale el del vicerrector administrativo José Ramón Bernard, con un salario de 190 mil pesos.

Después de que se hiciera público en el programa N Investiga sobre estos cobros irregulares en el Itla, destinados a respaldar el movimiento político “Jóvenes Unidos por el Cambio”, una denuncia reciente señaló que la institución estaba orientando a sus empleados a comentar en las publicaciones de noticias en defensa de esta práctica, contraviniendo la Ley de Función Pública 41-08.

En los comentarios compartidos, José Ramón Bernard, vicerrector administrativo con un salario de 190 mil pesos, expresó: “Siempre dando la cara y aclarando con hechos. Orgulloso de ser parte de una gestión que trabaja con transparencia, responsabilidad y respeto a la gente”.

Otros empleados como Alexander Solís, encargado de Gestión y Desarrollo Docente, o Gilbert Gilberto Gómez, director de Transformación Digital, también se pronunciaron. Cada uno defendió la transparencia y la gestión de la institución, respaldando al rector Rafael Feliz.

Las acusaciones también mencionan que la institución estaba presionando a los empleados para que firmaran cartas en las que declararan que no habían sido obligados a hacer pagos a favor del movimiento político. Esto generó preocupación entre los trabajadores, quienes se vieron en una situación incómoda.

N Investiga presentó pruebas contundentes, como comprobantes de transferencias bancarias y conversaciones de WhatsApp, que respaldan las acusaciones. Se reveló un sistema de control basado en listas de colores que se utilizaba para presionar a los empleados a realizar pagos. Aquellos que se negaban a participar enfrentaban consecuencias.

La Ley de Función Pública prohíbe que un funcionario obligue a sus empleados a realizar pagos para apoyar un movimiento político, por lo que esta situación ha generado un gran revuelo en el Instituto Tecnológico de Las Américas.