Supervisión de Cumplimiento Constitucional: PE Revisa Ley de Pago a Ingenieros sin Contrato

El presidente Luis Abinader tomó una decisión firme al observar una ley que generó controversia. La normativa permitía al Gobierno saldar presuntas deudas con constructores de obras públicas, sin claridad en los montos a pagar ni la verificación de la validez de dichas deudas. Esta postura del presidente generó revuelo en el ámbito político, al considerar que se violaron principios constitucionales esenciales.

Abinader envió una carta a la Cámara de Diputados expresando sus reservas sobre la aprobación de la ley, destacando que no se había realizado un estudio previo y que se había aplicado un proceso de urgencia. Además, señaló que la normativa beneficiaría a empresas e ingenieros sin confirmar la autenticidad de las deudas, lo que llevó al presidente a tomar la decisión de observar el documento.

El presidente encontró deficiencias en varios aspectos de la ley, desde la falta de especificación de montos hasta la ausencia de verificación de las deudas. Estas irregularidades llevaron a Abinader a cuestionar la legalidad presupuestaria, sostenibilidad fiscal, responsabilidad financiera, transparencia y seguridad jurídica, principios fundamentales establecidos en la Carta Magna.

La aprobación de la ley, impulsada mayormente por representantes de un partido político específico, recibió críticas por parte de otros partidos que advirtieron sobre las posibles consecuencias de sus deficiencias jurídicas. Entre los puntos destacados por Abinader se encuentra la necesidad de validar las deudas antes de reconocer a empresas e ingenieros como acreedores del Estado.

El presidente hizo hincapié en la importancia de seguir un procedimiento adecuado para evitar comprometer los recursos del Estado y garantizar la transparencia en los pagos. Asimismo, resaltó la necesidad de identificar claramente a los acreedores y determinar con precisión los montos adeudados antes de aprobar cualquier ley de pago.

En conclusión, la decisión de Abinader de observar esta ley pone de manifiesto su compromiso con el cumplimiento de los principios constitucionales y la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Su postura refleja la importancia de seguir procesos rigurosos para garantizar la legalidad y evitar posibles inconvenientes financieros en el futuro.