Una Ley de Asociaciones Público-Privadas más eficiente y ágil
La Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas fue promulgada en febrero de 2020 con el objetivo de crear un marco jurídico para el desarrollo de infraestructuras y servicios públicos en el país. Tras casi seis años de experiencia, se propone una reforma para actualizarla y mejorar su funcionalidad y eficiencia. Las alianzas público-privadas son mecanismos de contratación a largo plazo que buscan la transparencia, competitividad y protección del interés público.
La promulgación de la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas en febrero de 2020 marcó un hito en nuestro país al establecer un marco legal innovador para el desarrollo de infraestructuras y servicios públicos. Esta ley ha sido fundamental al fomentar la transparencia, la competitividad y la protección del interés público en la contratación a largo plazo.
Después de casi seis años de implementación, se plantea una reforma para modernizar y mejorar la funcionalidad y eficiencia de esta ley. La propuesta de reforma busca acercarse aún más a los objetivos originales del legislador, optimizando los procesos técnicos y procedimentales para hacerla más efectiva.
Las alianzas público-privadas son mecanismos que permiten al sector privado financiar, diseñar, construir, operar y mantener infraestructuras y servicios públicos a largo plazo, mientras el Estado conserva la propiedad de los activos y asegura la calidad y el pago basado en el rendimiento. Es importante destacar que este enfoque no implica privatización, sino una colaboración estratégica para beneficio de la sociedad en general.
La reforma propuesta no altera los pilares fundamentales de la ley. Se mantiene la aprobación parlamentaria para proyectos con impacto fiscal, el control sobre los activos estatales, y la supervisión del Ministerio de Hacienda y Economía, así como del Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas, garantizando la protección del Estado.
Los ajustes buscan eliminar trabas innecesarias que obstaculizan la inversión y retrasan la ejecución de proyectos, sin comprometer la transparencia ni el control. Se pretende agilizar los procesos para adaptarse mejor a las necesidades de cada iniciativa y así promover un entorno más favorable para la inversión y el desarrollo.
Esta reforma introduce mecanismos que permitirán que los proyectos avancen de manera más ágil, respondiendo a las demandas de una economía moderna y dinámica. Se busca corregir las deficiencias identificadas en la práctica, sin perder de vista la importancia de mantener un marco legal claro y sólido.
