Denuncian privilegios a condenado por parricidio en Santiago
Joel Rodríguez de la Cruz fue condenado a 30 años de prisión por matar a su padre en 2018. Recientemente se le vio trabajando fuera de la cárcel sin autorización judicial, generando críticas. Su nombre volvió a la atención pública tras denuncias de malos manejos en el cumplimiento de su condena.
En el año 2018, la impactante noticia de un hijo que arrebató la vida a su propio padre sacudió a la ciudad de Santiago y al país entero. Joel Enmanierrys Rodríguez de la Cruz, un hombre de 33 años, fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de su progenitor, Alejandro Rodríguez.
La sentencia, que debía cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, se convirtió en algo irrevocablemente juzgado. Sin embargo, la polémica volvió a rodear a Joel cuando se le vio trabajando fuera de la cárcel sin la debida autorización judicial, desatando críticas y cuestionamientos sobre la gestión de su condena.
La atención pública se centró en él nuevamente debido a denuncias de irregularidades en el cumplimiento de su pena. Su hermano y abogados señalaron manejos cuestionables en su situación carcelaria.
El representante de la familia de la víctima, Tomás Castro, expresó su preocupación al mencionar que Joel prácticamente goza de libertad, debido a situaciones irregulares en la cárcel de Cotuí, que opera bajo un modelo penitenciario antiguo y que le ha otorgado privilegios poco habituales para un recluso.
Se ha reportado un traslado administrativo de Joel desde el CCR Rafey Hombres a la Fortaleza de Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez, sin notificación a las partes afectadas, lo que va en contra de sus derechos legales.
Las decisiones sobre el cumplimiento de la condena deben ser autorizadas por el juez de ejecución de la pena, sin embargo, en este caso, se han otorgado permisos administrativos sin la debida supervisión judicial. Esto ha generado un cambio en el esquema de trabajo y una falta de comunicación con las víctimas, lo que vulnera su derecho a ser informadas formalmente sobre el caso.
El manejo de la situación ha levantado dudas sobre las acciones realizadas, como la concesión de permisos para estudiar y reunirse con la familia, incluso durante la Navidad de 2025. Imágenes de Joel compartiendo en una cena navideña con su familia han circulado, generando más incertidumbre sobre la situación.
En una audiencia reciente, se evidenció que los beneficios obtenidos previamente por Joel no fueron autorizados por el juez, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia en el proceso judicial y la correcta aplicación de la ley en este caso. La revisión de la condena, programada inicialmente para el 23 de marzo, se postergó, manteniendo la incertidumbre en torno a este controvertido caso.
