Falta de compromiso político para combatir la violencia de género

El Movimiento Vida sin Violencia (MOVIDA) ha alzado su voz en el Día Internacional de la Mujer para denunciar la falta de compromiso político en la lucha contra la violencia de género y las desigualdades en la República Dominicana. Exigen igualdad, justicia y políticas públicas efectivas que garanticen los derechos de las mujeres.

En un contexto donde la violencia y las brechas sociales persisten, el movimiento ha destacado la necesidad de acciones contundentes por parte del Estado para reducir estos problemas. A pesar de algunos avances en materia de derechos, aún existen desigualdades que restringen la autonomía y acceso a derechos fundamentales relacionados con la salud y la reproducción de las mujeres.

La violencia de género, la violencia sexual y los feminicidios continúan siendo manifestaciones graves de esta desigualdad, según lo expresado por las representantes de MOVIDA. Además, se abordaron las dificultades económicas y laborales a las que se enfrentan las mujeres en el país.

Datos del Ministerio de la Mujer revelan que las mujeres dedican hasta tres veces más tiempo que los hombres a labores domésticas no remuneradas, mientras que la participación masculina en el ámbito laboral sigue siendo mayor. La brecha salarial también es una realidad, situándose entre un 10% y un 20% menos para las mujeres en trabajos similares.

En el ámbito político, la representación femenina es limitada, lo que resalta la importancia de promover una mayor presencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones. Además, se mencionó la preocupación por los casos recientes de feminicidios en el país, señalando la necesidad de invertir en políticas públicas que prevengan la violencia de género y promuevan la igualdad desde temprana edad.

El llamado a educar en igualdad, fomentar modelos de masculinidad no violenta y abordar los factores culturales asociados al machismo son aspectos clave para combatir la violencia contra las mujeres. En este sentido, MOVIDA destaca la importancia de priorizar la protección de las mujeres en los presupuestos gubernamentales y de garantizar que las estadísticas oficiales reflejen la verdadera magnitud de este problema.