Controversia en Colombia por plan de sacrificar hipopótamos invasores

El gobierno de Colombia enfrenta una acalorada discusión tras anunciar la eutanasia de aproximadamente 80 hipopótamos, considerados una amenaza invasora. Estos animales fueron introducidos en el país durante la década de los ochenta por el narcotraficante Pablo Escobar y desde entonces su población ha crecido sin control.

El Ministerio de Ambiente ha señalado que el sacrificio es parte de una estrategia para controlar su número, una medida que ha encontrado respaldo en sectores científicos. Sin embargo, organizaciones defensoras de los animales se oponen tajantemente, proponiendo alternativas como la esterilización y el traslado a otros lugares.

El debate también se ha centrado en el costo del plan, que supera los 7,000 millones de pesos (casi dos millones de dólares). La senadora Esmeralda Hernández ha criticado la medida, señalando que “no se puede normalizar resolver todo matando animales”, y defendiendo la búsqueda de soluciones no letales.

Investigadores del Instituto Humboldt han advertido que, sin medidas efectivas, la población de hipopótamos podría superar los 500 ejemplares en 2030 y alcanzar casi 1,000 en 2035. Según el profesor Germán Jiménez de la Universidad Javeriana, la ausencia de depredadores naturales en el país facilita su rápida reproducción y expansión, afectando la biodiversidad y alterando ecosistemas acuáticos.

La logística del sacrificio es compleja y costosa, y sus resultados podrían tardar hasta una década en manifestarse. Por otro lado, el comportamiento territorial y potencialmente agresivo de los hipopótamos representa un riesgo, especialmente en regiones del Magdalena Medio como Puerto Triunfo y Doradal, donde la presencia de estos animales es parte de la cotidianidad.

La situación tiene implicaciones económicas, ya que algunas comunidades dependen del turismo que generan los hipopótamos, mientras que otras viven en constante preocupación por los posibles peligros. Cualquier decisión, señalan los expertos, debe involucrar a las comunidades locales para considerar su impacto directo.

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