La Dilema de la Ejecución Legal en República Dominicana

En República Dominicana, es común escuchar que el país cuenta con un conjunto amplio de leyes necesarias para el orden social, pero persiste una preocupación significativa: la falta de cumplimiento de estas normativas.

Meses atrás, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, contrarrestó la percepción de inactividad legislativa, defendiendo el arduo trabajo de los legisladores, a pesar de las ausencias frecuentes tanto en la Cámara Alta como en la Baja. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿Para qué se hacen las leyes si quedan en el papel?

Un ejemplo claro es la Ley 63-17 sobre tránsito, que detalla explícitamente las sanciones para las violaciones. No obstante, la falta de acción de las autoridades frente a infracciones evidentes, como el desorden de los motociclistas y servicios de entrega, deja mucho que desear.

Casos similares se observan con la Ley 136-03 del Código del Menor y la Ley 1-21 sobre matrimonio infantil. Aunque las estadísticas han mejorado, el país sigue registrando altos índices de embarazos en adolescentes y matrimonios tempranos, reflejando un incumplimiento evidente. Además, la tendencia de exigir flexibilidad para uno mismo mientras se demanda dureza para los demás demuestra una contradicción social.

Las restricciones sobre horarios de ventas de alcohol y otras regulaciones parecen existir solo en teoría, y la falta de respeto por las disposiciones legales refleja una inclinación hacia el caos. Esta situación se agrava cuando incluso los que redactan y promulgan leyes no respetan al Tribunal Constitucional, ignorando sus decisiones, como ocurrió con la cuestionada ley contra candidaturas independientes, pese a la sentencia que las validaba.

El cumplimiento de todas las leyes es fundamental, no solo de aquellas que nos benefician momentáneamente. Sin este compromiso, el progreso social se vuelve una ilusión lejana.