Persisten ventas irregulares de tarjetas SIM a pesar de normativas vigentes
En la República Dominicana, la adquisición de tarjetas SIM o chips prepago continúa siendo un proceso accesible y con poco control, a pesar de que existe una regulación que exige el registro de la identidad del comprador al momento de activar una línea telefónica. Esta normativa, en vigor desde hace más de veinte años, busca prevenir el uso indebido de líneas móviles.
La Resolución 064-2025, emitida por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), establece claramente que las compañías telefónicas deben verificar el nombre y número de cédula del usuario antes de activar un chip. Sin embargo, las tarjetas SIM se siguen vendiendo de manera irregular en establecimientos informales y a través de vendedores ambulantes en diversas zonas del Gran Santo Domingo.
Esta falta de control ha generado preocupación entre las autoridades, ya que las líneas telefónicas no registradas están siendo utilizadas en fraudes electrónicos, delitos cibernéticos y otras actividades ilegales. La normativa original, establecida mediante la Resolución núm. 092-02 en 2002, fue diseñada para combatir el uso de celulares robados y mejorar la identificación de usuarios.
A pesar de los esfuerzos regulatorios, estas prácticas persisten, permitiendo que el crimen organizado use tarjetas SIM sin registro para ocultar su identidad y dificultar las investigaciones judiciales. Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo de Indotel, indicó que se comercializan alrededor de 400 mil tarjetas SIM semanalmente, muchas de las cuales terminan en actividades delictivas de alta tecnología.
El director de la Dirección de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, Edgar Arnaud, mencionó que se han incautado hasta 200 chips telefónicos de una sola persona durante operativos recientes, destacando su uso en actividades ilegales. Ante esta situación, el Ministerio de Interior y Policía ha lanzado una plataforma digital para verificar el estatus legal de los teléfonos móviles mediante el número IMEI, intentando así frenar el uso de dispositivos robados en el país.
