Revisión Urgente de las “Acciones Legales” Policiales
En un intento por redefinir la violencia policial, las autoridades han cambiado el término “intercambios de disparos” por “acciones legales”. Sin embargo, este cambio de denominación no modifica la realidad de las muertes que continúan ocurriendo. De 2020 a abril de 2026, se reportaron 958 fallecidos en estos operativos, una cifra que contrasta con los 95 casos de 2019, último año del gobierno anterior.
El gobierno ha celebrado la reducción de homicidios, pero este descenso es cuestionable, ya que las muertes en operativos policiales no se incluyen en la tasa general de homicidios, lo que representa una trampa estadística. La categoría de “acción legal” se ha separado deliberadamente del conteo oficial, mejorando así los indicadores en papel, mientras la violencia persiste en las calles.
Este problema no es solo estadístico, sino también constitucional. La Carta Magna de la República Dominicana protege el derecho a la vida, y el Estado debe investigar cada muerte causada por agentes, demostrando que el uso de la fuerza fue necesario y proporcional. La reforma policial iniciada en 2021 prometía cambios significativos, pero los datos muestran que no se han logrado en el uso letal de la fuerza.
A medida que continúan las muertes de jóvenes en operativos, el Ministerio de Interior y Policía no aclara los detalles de estos casos ni las consecuencias para los agentes involucrados. La redefinición de la violencia como “acción legal” es más una estrategia de comunicación que una política de seguridad. Es esencial que el gobierno no solo informe sobre la reducción de homicidios, sino también sobre las circunstancias de las 958 muertes, exigiendo una revisión independiente del uso de la fuerza, un mecanismo civil de supervisión y la integración de estas muertes al cómputo oficial de homicidios.
