La peligrosa tentación de litigar sin representación legítima
En el mundo jurídico dominicano, el momento en que un cliente decide retirar la representación de su abogado es uno de los más críticos y delicados. Esta decisión implica una ruptura en la relación de confianza que sostenía el contrato de mandato entre ambas partes. Sin embargo, en ocasiones, algunos abogados optan por continuar con el litigio a pesar de haber sido desapoderados, alegando cuestiones pendientes como deudas de honorarios o insatisfacción con los resultados obtenidos.
Este tipo de comportamiento no solo carece de fundamentos técnicos sólidos, sino que también distorsiona el propósito esencial de la representación procesal. En el marco del derecho dominicano, una vez revocado el poder, el abogado no tiene base legítima para seguir con el caso en nombre del cliente.
La situación se complica aún más cuando el proceso legal en cuestión está relacionado con denuncias penales de corrupción pública. Algunos abogados, al perder la confianza de sus clientes, intentan convertirse en una suerte de fiscales independientes, argumentando un interés público en la investigación de los hechos. Sin embargo, esta acción es una clara violación a las reglas del debido proceso y va en contra de la estructura legal vigente.
La ley es clara: el mandato que otorga un cliente es revocable en cualquier momento y, una vez que se retira, el abogado pierde automáticamente la calidad para actuar en el proceso. Así lo establece la normativa, imponiendo que cualquier intento de continuar con el caso tras el desapoderamiento constituye una usurpación de la representación legal. Además, el monopolio de la acción penal recae exclusivamente en el Ministerio Público, por lo que un abogado privado no puede arrogarse tal facultad.
