JCE endurece regulaciones sobre encuestas electorales en República Dominicana
La Junta Central Electoral (JCE) de República Dominicana ha introducido un nuevo reglamento que modifica las reglas para la publicación de encuestas electorales, una medida que ha suscitado reacciones mixtas entre partidos políticos y empresas encuestadoras. Aunque la regulación de estos estudios no es un fenómeno reciente en el país, las nuevas disposiciones han ampliado significativamente su alcance.
Tradicionalmente, las empresas que realizaban encuestas electorales debían registrarse ante la JCE y cumplir con ciertos requisitos técnicos y restricciones de publicación, especialmente en los días cercanos a las elecciones. Sin embargo, el reciente reglamento extiende las limitaciones a periodos anteriores a la precampaña oficial, lo que marca una diferencia clave respecto a normativas previas.
Esta nueva regulación prohíbe la difusión de encuestas fuera del período formal de precampaña y campaña, definido a partir del primer domingo de julio del año anterior a las elecciones. Esto implica que cualquier encuesta relacionada con los niveles de elección sería considerada una infracción, aunque falten años para el evento electoral, en un contexto donde el activismo y la promoción política son constantes.
La Asociación de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública (ADEIMO) ha expresado su preocupación, argumentando que estas restricciones limitan el acceso del público a información política relevante. La JCE, por su parte, ha detallado sanciones que incluyen la suspensión temporal o cancelación definitiva del registro de firmas encuestadoras, multas de hasta 200 salarios mínimos y otras medidas administrativas.
El reglamento también impone un control más estricto sobre las encuestas internas de los partidos, permitiendo su realización para fines internos, pero prohibiendo su publicación pública. Las empresas encuestadoras deberán actualizar anualmente su documentación administrativa y técnica, además de registrar sus accionistas y directivos para mantenerse en un sistema formal de supervisión. Estas medidas buscan asegurar la transparencia y confiabilidad de los datos difundidos en el ámbito electoral.
