Defensa critica acceso limitado en caso de presunta red de estafas
En un giro legal que ha generado controversia, el Ministerio Público ha sometido la solicitud de medida de coerción contra los detenidos en el marco de la Operación XL526, una investigación que destapa una supuesta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos. El proceso, que involucra a varios implicados, ha sido objeto de críticas por parte de los abogados defensores debido a las restricciones en el acceso a sus representados.
El Ministerio Público ha señalado a Carlos José Parra Languar, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte como los presuntos líderes de esta compleja estructura. Otros sospechosos, como Moisés David Pichardo Aracena y Pedro Antonio Pichardo, son considerados piezas operativas en la red criminal.
Kilvio González, abogado de Danny Rafael Laguar Ferreira, ha expresado su descontento por no haber sido notificado formalmente de la instancia depositada. González destacó que su cliente, un ingeniero civil, no tiene vínculos con las actividades ilícitas que se investigan. Además, denunció que la falta de acceso a las pruebas y a sus defendidos ha complicado la preparación de su estrategia legal.
Por su parte, el abogado José Reynoso García ha criticado las violaciones al debido proceso que, según él, han ocurrido desde las detenciones iniciales. Señaló que la distribución de los detenidos en distintos centros de reclusión ha obstaculizado el contacto necesario para una defensa adecuada. Reynoso también cuestionó el tiempo que el Ministerio Público ha tomado para organizar el expediente, sugiriendo que esto podría afectar negativamente los derechos de los imputados.
