ONG Provea Demanda Transparencia en Operativo Militar en Venezuela
La ONG venezolana Provea ha solicitado una transparencia total en relación con el reciente operativo militar llevado a cabo conjuntamente por Washington y Caracas en una región minera del sureste de Venezuela. Este operativo resultó en la muerte de Héctor Guerrero, conocido como ‘Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua.
Provea enfatiza que Venezuela tiene derecho a conocer los detalles exactos, el alcance legal y los responsables de la operación. La organización alerta que, según la información disponible, este evento podría constituir una violación de la soberanía territorial y de los derechos humanos, debido a la presunta ejecución extrajudicial.
El comunicado de Provea subraya la obligación del Estado venezolano de proporcionar información precisa sobre el número de fallecidos, heridos y detenidos, asegurando la identificación adecuada de las víctimas. La ONG recuerda que operaciones similares en el pasado han resultado en numerosos abusos.
Provea insiste en que las acciones del Estado no deben traducirse en ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas o tratos crueles hacia personas no involucradas en el conflicto. La organización atribuye la violencia en el sur de Venezuela al abandono estatal y a políticas que priorizaron la extracción de recursos sobre la institucionalidad.
La ONG exige transparencia sobre los acuerdos internacionales que respaldan esta operación y garantías de que no se repetirán patrones de abusos. También solicita explicaciones al fiscal general Larry Devoe y a la defensora del Pueblo, Eglée González.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que el operativo fue un ataque rápido y letal contra el líder de la banda, calificada como terrorista por Washington. El Gobierno de Delcy Rodríguez confirmó que la operación contó con apoyo tecnológico y cooperación de inteligencia entre ambos países, que restablecieron relaciones en marzo.
Este operativo se llevó a cabo dos meses después de la aprobación de la nueva Ley de Minas, que permite la entrada de inversores extranjeros en estas zonas.
