Torres Robiou: Condenado por Incremento Patrimonial Injustificado
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha dictaminado que Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), incurrió en lavado de activos. Las pruebas presentadas demostraron que adquirió inmuebles y otros activos que no se corresponden con sus ingresos lícitos.
Las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo señalaron que Torres Robiou ocultó, adquirió y administró bienes de origen ilícito en asociación con otras personas mientras ocupaba un cargo público. Este comportamiento se vincula a delitos de desfalco y estafa contra el Estado dominicano.
Entre 2017 y 2021, Torres Robiou recibió ingresos por más de 3.7 millones de pesos, pero las inversiones y operaciones financieras realizadas superaron ampliamente esta cifra. A pesar de los contratos de asesorías y actividades agrícolas presentados por la defensa, estos no justificaron el volumen de recursos manejados.
El tribunal destacó que Torres Robiou movilizó alrededor de 65 millones de pesos mediante transacciones bancarias y pagos de préstamos por más de 13 millones de pesos. Se determinó que utilizó préstamos bancarios para dar apariencia de legalidad a fondos obtenidos de manera ilícita.
Un informe de la Cámara de Cuentas reveló omisiones en las declaraciones juradas de bienes de Torres Robiou, incluyendo activos vinculados a su esposa, Greybby María Cuello Coste. Se detectaron discrepancias entre los bienes declarados y los registrados ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Uno de los casos más relevantes fue la compra de un apartamento en Balcones del Atlántico, donde se demostró que Torres Robiou fue el verdadero comprador, utilizando la empresa Único Real Estate para ocultar la titularidad real del bien.
El tribunal también examinó otros bienes, como una villa en Jarabacoa y terrenos agrícolas en San José de Ocoa, adquiridos a través de la empresa RF Agroindustrial SRL, que carecía de actividad económica comprobada. Esta estructura societaria fue utilizada para ocultar bienes vinculados a fondos ilícitos.
