Caso Jet Set: Avanza a Juicio con Implicaciones Civiles Millonarias
El caso de la discoteca Jet Set Club avanza a juicio, no solo por la vía penal, sino también con una disputa civil paralela. El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha enviado a juicio a los administradores del establecimiento, extendiendo embargos e hipotecas por 500 millones de pesos a su entorno familiar y empresarial.
Catorce meses después de la tragedia que cobró la vida de 236 personas, el juez Reymundo Antonio Mejía ha dictado el auto de apertura a juicio. Los cargos contra Antonio Espaillat López y su hermana Maribel Espaillat de Bera incluyen homicidio y heridas involuntarias por imprudencia.
La acusación señala que los administradores ignoraron el deterioro del edificio y permitieron modificaciones que comprometieron su estabilidad. A pesar de las advertencias, decidieron no suspender el evento la noche del siniestro.
La discoteca, fundada en 1973 por Ana Grecia López, operaba en un antiguo cine a través de Inversiones E y L S.R.L. Los embargos afectan también a Evelyn Espaillat y Ana Grecia López, quienes no enfrentan cargos penales pero podrían responder civilmente.
El tribunal ha autorizado medidas conservatorias sobre bienes de cuatro personas y entidades comerciales, asegurando activos por 500 millones de pesos. Esto se basa en el artículo 557 del Código de Procedimiento Civil.
Aunque el Ministerio Público y varios querellantes desistieron de acciones contra Ana Grecia López, el tribunal la incluyó como tercera civil responsable. Evelyn Espaillat también está implicada, aunque su papel exacto no se ha detallado.
Las medidas también afectan a Radiocadena Comercial S.R.L., Difusora Hemisferio S.R.L. e Inversiones CCEP-2 S.A., entidades del entorno empresarial de los Espaillat. El tribunal no las declara responsables del colapso, pero asegura sus activos preventivamente.
Las reclamaciones civiles contra el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Ministerio de Obras Públicas fueron declaradas inadmisibles, debiendo ventilarse en la jurisdicción contencioso-administrativa.
Las partes tienen cinco días para registrarse ante el tribunal del juicio. En el juicio se debatirá no solo la culpabilidad penal, sino también la legitimidad de las medidas patrimoniales y la responsabilidad civil solidaria.
