Condenan a Generales y Oficiales por Lavado de Activos en República Dominicana
En un caso que ha sacudido a la República Dominicana, varios altos oficiales militares y policiales han sido condenados por su implicación en un esquema de lavado de activos. El general Juan Carlos Torres Robiou y el general Julio de los Santos Viola adquirieron propiedades por valores multimillonarios, mientras que Rossy Guzmán, conocida como ‘la Pastora’, jugó un papel crucial en el esquema.
Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictaron sentencia este martes, condenando a los implicados por desfalcar más de 4,500 millones de pesos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado en Seguridad Turística (Cestur). El coronel Rafael Núñez de Aza, financiero de estas instituciones, también fue condenado por adquirir propiedades de lujo mediante simulación.
Núñez de Aza compró un apartamento en Las Velas, Guayacanes, y una embarcación llamada Celtic Star, a través de la empresa Único Real State. Además, obtuvo préstamos millonarios que saldó en tiempo récord, lo que levantó sospechas sobre la licitud de sus ingresos.
Rossy Guzmán, bajo el alias ‘la Pastora’, fue identificada como una figura clave en la estructura de lavado de activos, utilizando organizaciones como la Asociación Campesina Madre Tierra para mover grandes sumas de dinero y bienes. Esta asociación, aunque sin fines de lucro, fue instrumental para el grupo encabezado por Adán Cáceres.
El tribunal también destacó que, a pesar de no tener empresas a su nombre, el general Julio de los Santos Viola adquirió 23 propiedades por un valor de 75 millones de pesos. Mientras tanto, el general Juan Carlos Torres Robiou, con un salario mensual de 200 mil pesos, acumuló bienes que no se justifican con sus ingresos.
Las condenas incluyen 20 años de prisión para Núñez de Aza y Torres Robiou, y 15 años para De los Santos Viola y Guzmán, además de multas significativas. Otros implicados, como Esmeralda Ortega Polanco y José Manuel Rosario Pirón, también recibieron penas de prisión y multas.
Este caso destaca la magnitud de la corrupción en las altas esferas militares y policiales del país, y el papel crucial de la justicia en la lucha contra el lavado de activos.
