El Tribunal Constitucional Refuerza la Libertad de Expresión en la República Dominicana
El Tribunal Constitucional (TC) ha tomado decisiones significativas que fortalecen la libertad de expresión en el país, priorizando el debate público sobre las sanciones penales.
A través de varias sentencias, el TC ha eliminado restricciones que consideraba incompatibles con la Constitución, reduciendo así el uso de sanciones penales contra ciertas expresiones.
Estas restricciones, en muchos casos, habían sido aprobadas por el Congreso e incorporadas en leyes electorales y normas de medios de comunicación. Sin embargo, el TC concluyó que algunas de estas leyes imponían castigos excesivos o desalentaban la participación ciudadana en discusiones de interés general.
Un precedente clave fue la sentencia TC/0075/16, que modificó la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, eliminando la responsabilidad penal de directores de medios por publicaciones de terceros.
La sentencia TC/0092/19 amplió esta línea al anular una disposición de la Ley de Partidos que castigaba con prisión la difusión de mensajes negativos en redes sociales contra candidatos.
El TC argumentó que la amenaza de prisión podría generar autocensura, destacando la necesidad de expresión crítica para el escrutinio y control de la función pública.
En la sentencia TC/0348/19, se anuló una disposición de la Ley de Régimen Electoral que imponía penas severas por campañas difamatorias contra candidatos.
La sentencia TC/0441/19 reafirmó que las restricciones a la libertad de expresión deben interpretarse estrictamente, subrayando su importancia para la democracia.
Incluso expresiones controvertidas han sido protegidas, como en la sentencia TC/0966/18, donde el tribunal respaldó una campaña de Profamilia cuestionada por sectores religiosos.
El TC ha sostenido que las personas tienen derecho a expresar sus pensamientos, independientemente de su aceptación social o estatal, y aunque puedan ofender o perturbar. Aunque la libertad de expresión no es absoluta, el tribunal ha mostrado una tendencia a limitar las sanciones penales y restricciones que afectan el debate público.
