Conflictos Sociales y la Respuesta Insuficiente del Gobierno
Las estadísticas de seguridad van más allá de simples cifras; reflejan vidas perdidas y familias afectadas. Cuando los datos oficiales señalan causas recurrentes de homicidios, surge la pregunta: ¿se han implementado políticas públicas efectivas para enfrentarlas?
Informes oficiales revelan que una parte significativa de los homicidios está vinculada a conflictos sociales y violencia interpersonal. El problema no radica en la falta de información, sino en la debilidad de una estrategia de seguridad que responda adecuadamente a estos datos.
Desde el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE), he analizado los informes de criminalidad de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República. Estos documentos permiten identificar las causas concretas de la violencia homicida en el país.
La categoría “Conflicto Social” incluye riñas, disputas familiares y violencia doméstica, y ha sido una de las principales causas de homicidios. En diciembre de 2025, representó el 48.3% y fluctuó entre el 26.7% y el 42.7% en los primeros meses de 2026.
El informe destaca que las riñas son la principal causa de homicidios, lo que indica que el problema va más allá de la delincuencia común. Muchas muertes violentas surgen de conflictos cotidianos que escalan a homicidios.
La respuesta no puede limitarse a patrullajes y operativos temporales. La experiencia internacional sugiere que se necesita mediación comunitaria, atención psicosocial y programas de convivencia sostenidos, acciones que no están claramente documentadas en los informes oficiales.
Existen limitaciones metodológicas que dificultan la transparencia. La categoría “Conflicto Social” carece de una definición pública que permita verificar la clasificación de los casos. Tampoco hay un protocolo público para determinar cómo se registran las muertes.
La falta de claridad también afecta las muertes clasificadas como “Acción Legal”. Aunque el Gobierno destaca la reducción de homicidios, el porcentaje de muertes causadas por agentes del Estado casi se triplicó en seis meses, sin una explicación pública adecuada.
Además, entre un 10% y un 18% de los homicidios permanecen “En Proceso de Investigación”, sin claridad sobre cuántos se esclarecen o cuántos responsables son condenados. Sin una tasa de esclarecimiento, no se puede evaluar la efectividad del sistema de justicia.
La responsabilidad no debe recaer solo en los ciudadanos. El Gobierno debe intervenir en las causas: falta de mediación comunitaria, atención a la salud mental, prevención de la violencia intrafamiliar y presencia institucional en comunidades conflictivas.
Las estadísticas oficiales no solo describen el problema, también indican dónde debería centrarse la respuesta. Sin embargo, sigue faltando una política pública de prevención que reduzca consistentemente los conflictos sociales.
