Reforma Tributaria: Impacto y Desafíos de la Ley 30-26 en República Dominicana

La Ley 30-26, recientemente promulgada, busca reconfigurar el sistema tributario dominicano en un contexto de presión fiscal y aumento de precios en combustibles. Esta normativa pretende generar ingresos adicionales de entre RD$40,000 y RD$50,000 millones, introduciendo cambios significativos en el régimen tributario.

Entre las modificaciones, se destaca una tasa transitoria del 30% para el Impuesto sobre la Renta (ISR) de personas jurídicas con ingresos superiores a RD$1,000 millones, vigente de 2026 a 2028. Para las personas físicas, se actualiza la escala progresiva a partir de 2027, elevando el mínimo exento anual y añadiendo un nuevo tramo marginal del 27% para rentas altas.

La ley también establece una tasa del 10% sobre ganancias de capital por la venta de inmuebles, con ciertas exenciones. En cuanto a retenciones al exterior, se reduce al 15% la tasa sobre regalías y servicios digitales, mientras que a nivel local, la retención sobre alquileres aumenta al 15%.

Para apoyar a las micro y pequeñas empresas, se ajustan los anticipos y se amplían los umbrales del Régimen Simplificado de Tributación. En el ámbito del ITBIS, se introduce un mecanismo de percepción para importadores informales, y se incrementa el gravamen sobre cheques y transferencias electrónicas.

La normativa también contempla la eliminación gradual de impuestos sobre seguros de vida y hipotecas, y ajustes en sucesiones y donaciones. Sin embargo, la ley ha enfrentado críticas y acciones de inconstitucionalidad, especialmente por medidas que algunos consideran podrían fomentar la informalidad.

En resumen, la Ley 30-26 representa un intento de ajuste fiscal más que una reforma estructural, dejando pendiente una transformación integral que mejore la competitividad y sostenibilidad del sistema tributario dominicano.