Trastornos Mentales y Justicia: Desafíos Legales en la República Dominicana
En Santo Domingo, la presencia de personas en situación de calle es notable, muchas de ellas afectadas por problemas de adicción o trastornos mentales. Mientras algunos son inofensivos, otros pueden mostrar conductas agresivas.
Cuando una persona con un trastorno mental comete una agresión, se considera que sus acciones pueden ser involuntarias, ya que su capacidad para discernir entre el bien y el mal está comprometida. Sin embargo, las implicaciones legales de estos actos son complejas.
La abogada constitucional Maribel Reyes aclara que tener un trastorno mental no exime automáticamente a una persona de enfrentar un proceso judicial. Es el juez quien debe evaluar los informes médicos para decidir si el acusado comprendía la ilicitud de sus actos o si debe ser declarado inimputable.
Reyes destaca que en la República Dominicana, la salud mental sigue siendo un tema tabú y a menudo se ignora en los procesos judiciales. Si los peritajes médicos indican que el acusado no podía comprender sus acciones, el juez puede ordenar medidas de protección y tratamiento.
En casos extremos, se puede tramitar la interdicción del individuo, asignando a un familiar o tutor la responsabilidad de su cuidado. La inimputabilidad no significa libertad total, sino que requiere tratamiento y supervisión especializada.
Casos recientes han generado debate sobre el tratamiento judicial de personas con trastornos mentales. Ejemplos incluyen el de Ana Josefa García Cuello, quien confesó haber decapitado a su hija, y el de una madre que se lanzó desde un cuarto piso con su hija, ambos en 2024.
Otro caso es el de Jean Andrés Pumarol, quien, tras recibir tratamiento desde niño, causó la muerte de una mujer y un cachorro en 2025. La defensa solicitó que fuera tratado como inimputable, mientras que el Ministerio Público buscó que fuera juzgado penalmente responsable.
Reyes subraya la necesidad de criterios uniformes en los tribunales para casos de trastornos mentales, ya que decisiones inconsistentes generan desconfianza en la justicia. Aboga por protocolos claros que protejan tanto los derechos de las personas con enfermedades mentales como la seguridad de la sociedad.
