Charlie Mariotti Jr. Impulsa Reforma para Fortalecer la Libertad de Expresión en el Código Penal
Santo Domingo.– En respuesta a las demandas de la sociedad civil, el periodismo y la academia, el legislador Charlie Mariotti Jr. ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso Nacional. Este proyecto busca modificar los artículos 208, 310 y 315 de la Ley núm. 74-25, con el fin de reforzar las garantías constitucionales de la libertad de expresión, prensa y crítica ciudadana.
La propuesta legislativa introduce un principio de interpretación restrictiva que favorece el derecho a expresarse. Además, reforma tipos penales clave como la ‘Difamación’, exigiendo que el hecho imputado sea falso y protegiendo el periodismo de interés público bajo el estándar de ‘real malicia’. Se elimina la pena de prisión, dejando las sanciones exclusivamente en multas.
En cuanto al ‘Ultraje a la autoridad’, este tipo penal se limita a amenazas graves o actos de intimidación contra funcionarios, excluyendo expresamente la crítica, la protesta pacífica y el trabajo periodístico.
El tipo penal de ‘Desacato’ se restringe únicamente a amenazas, violencia o incumplimiento deliberado de mandatos, descartando sanciones contra la sátira, la opinión política o la denuncia ciudadana.
El objetivo principal es adaptar estas figuras jurídicas a los principios de proporcionalidad e intervención mínima, garantizando que el ejercicio del derecho a disentir no sea criminalizado.
Como medida adicional, se ha presentado un segundo anteproyecto que modifica el artículo 393 de la Ley núm. 74-25, proponiendo ampliar la vacatio legis por seis meses más. Esta extensión busca asegurar el tiempo necesario para realizar los ajustes constitucionales pendientes y preparar adecuadamente a las instituciones judiciales antes de la entrada en vigor del nuevo Código Penal.
Ambas iniciativas tienen un propósito claro: asegurar que la reforma penal sea completamente compatible con la Constitución y que su implementación no vulnere los derechos fundamentales de los ciudadanos ni la seguridad jurídica de la República Dominicana.
