Fondos Públicos de Partidos Políticos: Un Control en Entredicho
La fiscalización de los fondos públicos destinados a los partidos políticos en República Dominicana enfrenta serias limitaciones. La Junta Central Electoral (JCE) se ve restringida a revisar informes financieros, sin poder auditar o verificar la veracidad de los datos presentados.
Por otro lado, la Cámara de Cuentas no ha publicado auditorías a partidos políticos desde 2017, dejando un vacío en la supervisión efectiva de los 28,423 millones de pesos recibidos por estas organizaciones desde el inicio del siglo.
La normativa actual asigna a la JCE la función de recibir y revisar formalmente los informes, pero no le permite realizar auditorías profundas. Ramón Hilario Espiñeira, director de la unidad de fiscalización de la JCE, señala que la ley no otorga facultades para inspecciones de campo.
La Cámara de Cuentas, responsable de las auditorías, no ha cumplido con esta tarea en años recientes, lo que ha permitido que irregularidades detectadas en el pasado queden sin consecuencias. La última auditoría al Partido de la Liberación Dominicana data de 2008.
El sistema de control financiero enfrenta desafíos adicionales, como la falta de un formato estandarizado para los informes, lo que complica la revisión. La JCE y la Cámara de Cuentas trabajan en una plataforma digital para mejorar este proceso.
Las leyes actuales no obligan a los partidos a identificar a sus donantes ni a verificar el origen de los fondos, lo que plantea riesgos de lavado de activos. Janet Camilo, presidenta en funciones del PRD, y Javier Uviera, delegado de la Fuerza del Pueblo, coinciden en la necesidad de reformar la legislación para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
La sentencia del Tribunal Superior Electoral que aumentó a 41 el número de partidos con derecho a financiamiento público ha puesto de manifiesto las limitaciones del sistema actual. Algunos partidos carecen de la infraestructura necesaria para manejar los fondos adecuadamente.
Es urgente una reforma que permita una supervisión más efectiva, garantizando que los partidos políticos operen con transparencia y responsabilidad, fortaleciendo así la democracia en el país.
