Controversia por Reforma a la Ley de Residuos Sólidos en República Dominicana

La propuesta de reforma a la Ley 225-20, que regula la gestión de residuos sólidos en el país, ha generado un intenso debate. De aprobarse, el Fideicomiso DO Sostenible podría manejar hasta RD$9,000 millones, triplicando los recursos actuales.

El proceso legislativo ha sido veloz, con el Senado y la Cámara de Diputados aprobando la iniciativa de urgencia. Sin embargo, la falta de estudios técnicos y consultas con el sector privado ha despertado preocupación entre empresarios.

Las nuevas contribuciones obligarían a las empresas con ingresos superiores a RD$2,500 millones a aportar RD$2.2 millones anuales. Aunque se introdujeron algunas reducciones, el incremento sigue siendo significativo.

El presidente de la AIRD, Julio Brache, ha señalado que algunas empresas podrían enfrentar aumentos de hasta un 1,000% en sus contribuciones. La falta de estabilidad regulatoria es otro punto de crítica.

Los recursos del fideicomiso no ingresan al presupuesto estatal, sino que son administrados por Fiduciaria Reservas. Esto ha levantado interrogantes sobre la transparencia y el control de los fondos.

El fideicomiso ha reconocido la necesidad de mejorar los mecanismos de control y ha firmado un acuerdo con Indocal para certificar el volumen de residuos procesados. Sin embargo, aún persisten dudas sobre la selección y remuneración de los operadores privados.

La AIRD y otros sectores han expresado su preocupación por la falta de justificación técnica para el aumento de las contribuciones. También se cuestiona la transparencia en las contrataciones y la fiscalización de los recursos.

La reforma plantea un desafío para el país: aumentar los recursos para la gestión de residuos sólidos sin comprometer la transparencia y la rendición de cuentas.