Intercambios de Disparos y la Necesaria Reforma Policial en República Dominicana
Los llamados ‘intercambios de disparos’ entre presuntos delincuentes y la Policía Nacional siguen siendo un tema candente en el debate sobre la seguridad ciudadana en la República Dominicana. La alta cifra de muertes en estos operativos ha suscitado preocupaciones sobre posibles ejecuciones extrajudiciales, lo que contraviene los principios de un Estado social y democrático de derecho.
El uso de la fuerza por parte de la Policía debe regirse por los principios de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la repetición de estos incidentes ha erosionado la confianza pública y ha alimentado la percepción de un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
La lucha contra la delincuencia es una responsabilidad del Estado, pero debe llevarse a cabo dentro del marco legal. La violencia no ha demostrado ser una solución efectiva, ya que cada vez que un presunto delincuente muere, otro toma su lugar, lo que indica que el problema tiene raíces más profundas de índole social e institucional.
Además, existe la percepción de que las acciones policiales se enfocan principalmente en la delincuencia común en sectores vulnerables, mientras que los grandes casos de corrupción y crimen organizado reciben una respuesta menos contundente, alimentando la sensación de una justicia desigual.
Informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) reflejan elevados niveles de letalidad en operativos policiales a lo largo de diferentes administraciones. Durante la gestión de Rafael Guillermo Guzmán Fermín, se reportaron más de 1,260 muertes, con picos de hasta 450 fallecidos en un año.
En la administración de José Armando Polanco Gómez, iniciada en 2010, también se registraron cientos de muertes, convirtiéndose en una de las jefaturas más letales durante el primer gobierno de Danilo Medina. Bernardo Santana Páez acumuló aproximadamente 640 muertes entre 2006 y 2007, mientras que durante las gestiones de Pedro de Jesús Candelier se registraron entre 200 y 301 víctimas mortales por año.
La reforma policial no debe limitarse a un cambio de uniforme o imagen institucional. La verdadera transformación requiere fortalecer la profesionalización, la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Una policía moderna debe medirse por su capacidad para prevenir el delito, proteger a la ciudadanía y hacer cumplir la ley dentro del marco constitucional.
