Acción de Amparo por Hacinamiento en Destacamento de Alma Rosa
La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) ha interpuesto una acción constitucional de amparo contra la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este. Esta medida surge tras denunciar las condiciones de hacinamiento e insalubridad en el área de detención del destacamento de Alma Rosa, en Santo Domingo Este.
La acción fue motivada por una inspección realizada el 8 de junio de 2026 por las defensoras públicas Nelsa Almánzar y Winie Adames, quienes constataron que 85 personas estaban recluidas en un espacio destinado para detenciones temporales.
De los detenidos, 27 esperaban medidas de coerción o diligencias procesales, mientras que 58 ya tenían medidas impuestas pero no habían sido trasladados a centros penitenciarios debido a retrasos.
La Defensa Pública señala que esta situación evidencia deficiencias en el sistema de traslados penitenciarios, obligando a personas a permanecer en instalaciones no aptas para detenciones prolongadas.
Según la ONDP, las condiciones observadas vulneran derechos fundamentales como la dignidad humana, la integridad física y moral, el derecho a la salud y el debido proceso, protegidos por la Constitución y tratados internacionales.
Rodolfo Valentín Santos, director nacional de la ONDP, afirmó que el problema se extiende a otras dependencias policiales de Santo Domingo Este, comprometiendo el funcionamiento del sistema de justicia.
La primera audiencia del recurso fue conocida por la Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la provincia Santo Domingo, pero el conocimiento del fondo fue aplazado tras incidentes procesales presentados por varias instituciones.
La ONDP recordó que en 2019 presentó una acción similar por las condiciones de la “carcelita” del Palacio de Justicia de la avenida Charles de Gaulle, la cual fue acogida por los tribunales y confirmada por el Tribunal Constitucional.
La institución continuará realizando inspecciones en destacamentos y centros de detención, y ejercerá acciones legales para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
