Fiscalía Ofrecerá Apoyo Psicológico a Familiares de Joven Fallecido por Cabo Policial
La Fiscalía de Santo Domingo Oeste ha sido instruida para proporcionar apoyo psicológico y asistencia profesional a los familiares de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, joven que perdió la vida tras un disparo presuntamente efectuado por el cabo de la Policía Nacional, José Francisco Moreta Heredia. Este último ha sido enviado a prisión preventiva por un año, medida que será revisada cada tres meses.
El juez Reyes Rodríguez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, declaró el caso como complejo. Además, ordenó al Ministerio Público implementar medidas de protección para los familiares de la víctima y los testigos, con el fin de asegurar su seguridad y evitar presiones indebidas.
Los padres de Darlin Mercado, Noel Mercado y su madre, expresaron su confianza en el sistema judicial dominicano. Esperan que se investigue a los demás agentes policiales presentes en el momento del incidente y que se les responsabilice si se determina su implicación.
El Ministerio Público tiene un plazo de ocho meses para extender la investigación y evaluar la posible responsabilidad de otros cuatro agentes policiales que estaban en el patrullaje. El fiscal Edward López señaló que, de encontrarse pruebas suficientes, estos agentes serán incluidos en el expediente judicial.
Durante la fase intermedia del proceso, el abogado de la familia, Burnel Ramírez, podrá solicitar una indemnización de RD$50 millones contra la Policía Nacional. Aunque el juez reconoció el fundamento jurídico de la solicitud, decidió que se evaluará en una etapa posterior para no afectar la operatividad de la institución.
En la audiencia, el cabo José Francisco Moreta Heredia pidió perdón a las autoridades y a la familia de la víctima. El abogado Ramírez aclaró que la solicitud de indemnización busca asegurar bienes mediante una medida cautelar para una eventual reparación civil.
Actualmente, el cabo Moreta Heredia cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en San Antonio de Guerra, mientras avanza el proceso judicial.
