Reformas en el Código Penal: Un Nuevo Enfoque en la Era Digital

La Ley 74-25 introduce significativos cambios en el Código Penal de la República Dominicana, reorganizando y ampliando su alcance para adaptarse a la era digital.

Aunque el debate se ha centrado en la libertad de expresión, el nuevo código no introduce por primera vez delitos para proteger el honor de los funcionarios públicos, sino que conserva y actualiza figuras legales existentes como la difamación, la injuria y el ultraje.

El Código Penal vigente, basado en el Código Napoleónico de 1810, ya castigaba el ultraje contra magistrados y funcionarios públicos. La Ley 74-25 amplía esta protección a todos los servidores públicos y redefine el ultraje con un enfoque más abierto.

Las penas por difamación se endurecen, con sanciones de hasta cinco años de prisión y multas basadas en salarios mínimos del sector público. La injuria también recibe un tratamiento más severo.

Una novedad es la tipificación de la difamación e injuria con fines de extorsión, diferenciando el legítimo ejercicio de la libertad de expresión de prácticas de chantaje.

El nuevo régimen también introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas en ciertos casos, afectando a empresas y entidades.

La Ley 74-25 mantiene exclusiones de responsabilidad para discursos en el Congreso y documentos oficiales, pero omite la exceptio veritatis, lo que preocupa a juristas por la posible interpretación judicial sobre la verdad como defensa.

Además, se reconoce el derecho a grabar actuaciones policiales, sancionando a funcionarios que lo impidan, salvo que comprometan la seguridad.

Estos cambios se dan en un contexto constitucional fortalecido por la Constitución de 2010 y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige un mayor nivel de escrutinio hacia los funcionarios públicos.