Desconocimiento del Nuevo Código Penal Preocupa a Expertos Legales

Desconocimiento del Nuevo Código Penal Preocupa a Expertos Legales

Santo Domingo, RD.– Con la inminente entrada en vigor del nuevo Código Penal el próximo 3 de agosto, se hace urgente la capacitación de los abogados en ejercicio y los futuros juristas, según Alejandro Moscoso Segarra, exjuez de la Suprema Corte de Justicia.

En el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, Moscoso Segarra destacó que, aunque jueces y fiscales han recibido formación sobre la nueva legislación, la mayoría de los abogados aún no está familiarizada con las reformas.

“No creo que la mayoría de los abogados conozca en detalle el nuevo Código que entrará en vigencia”, afirmó.

Ante esta situación, el exjuez sugirió reformar los planes de estudio en las facultades de Derecho para adaptarlos a las nuevas disposiciones del derecho penal.

Moscoso Segarra enfatizó que la actualización académica debe asegurar que los estudiantes obtengan conocimientos acordes con la legislación que se implementará en el país.

Propuso que este proceso de actualización se realice en colaboración con las universidades, el Colegio de Abogados de la República Dominicana y otras instituciones del sistema de justicia.

Recordó que, durante la implementación del Código Procesal Penal, se otorgó un período de vacatio legis de dos años, con diplomados y capacitaciones para jueces, fiscales, abogados y periodistas.

Insistió en que el nuevo Código Penal requiere un esfuerzo similar para garantizar su correcta aplicación.

En el mismo evento, Rafael Báez, juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, señaló que el nuevo Código Penal no solo introduce nuevas conductas punibles, sino que también aumenta significativamente las sanciones económicas.

Báez explicó que las multas en la nueva legislación oscilan desde 50 salarios mínimos del sector público, dependiendo de la infracción.

Criticó el endurecimiento de algunas penas y afirmó que “el populismo penal es peor que el COVID y que el sida”, aludiendo a la tendencia internacional de aumentar las sanciones por presión social en lugar de criterios técnicos.