Reformas al Código Penal: Un Paso Decisivo hacia la Protección de Derechos y Libertades
El Congreso de la República Dominicana ha aprobado importantes modificaciones al Código Penal, enfocándose en proteger la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. Estas reformas buscan aclarar los delitos contra el honor, delimitando con precisión el espacio para la crítica legítima y el debate público.
Uno de los cambios más destacados es la nueva redacción del artículo 123 sobre acoso cibernético. Ahora se establece que la difusión de información y opiniones en el ejercicio de la libertad de expresión no constituye acoso, siempre que se relacione con hechos comprobables y de interés público.
El artículo 211 también ha sido reformulado para excluir de responsabilidad penal las intervenciones legislativas, publicaciones periodísticas sobre asuntos de interés público y denuncias de corrupción, fortaleciendo así las garantías para el periodismo de investigación.
En cuanto a la difamación extorsiva, se ha precisado que debe existir un propósito concreto de obtener un beneficio mediante amenaza, diferenciando el chantaje de la investigación periodística.
El proyecto introduce un régimen de cumplimiento para las empresas, permitiendo atenuar su responsabilidad penal si demuestran mecanismos eficaces para prevenir delitos. Este cambio, junto con el aplazamiento de un año para su implementación, busca fortalecer la seguridad jurídica y la competitividad empresarial.
Además, se han redefinido delitos económicos y se han endurecido las sanciones por malversación de fondos públicos, estafa inmobiliaria y otros delitos relacionados con la administración pública.
Las reformas también abordan la violencia en sus diversas formas, incluyendo la económica y psicológica, y aclaran que la disciplina parental no constituye violencia intrafamiliar si se ejerce en el marco del interés superior del niño.
En el ámbito de los delitos sexuales, se han precisado los plazos de prescripción y se han ampliado las circunstancias agravantes del acoso, mientras que la difusión no autorizada de imágenes íntimas ahora enfrenta sanciones más severas.
Finalmente, la protección contra la discriminación se mantiene robusta, incorporando excepciones para salvaguardar derechos constitucionales, y se reorganiza el delito de proxenetismo para concentrar la persecución penal en quienes explotan a terceros.
