Ortega Busca Eliminar Elecciones en Nicaragua para Consolidar su Régimen
El régimen de Daniel Ortega ha dado un paso significativo hacia la concentración total del poder en Nicaragua al proponer la eliminación de las elecciones como método para elegir a las autoridades del país. Este anuncio, realizado durante el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, marca un cambio radical en el sistema político nicaragüense.
Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, argumenta que los procesos electorales solo permiten que la oposición intente recuperar el poder, por lo que considera necesario eliminarlos de manera definitiva.
Tras casi dos décadas en el poder, Ortega ha debilitado a la oposición, promovido reformas constitucionales que le permiten la reelección indefinida y fortalecido el control del Estado junto a su esposa, Rosario Murillo, quien ejerce como copresidenta.
Organizaciones internacionales y sectores críticos denuncian que el régimen ha consolidado su permanencia mediante el encarcelamiento de opositores, la desaparición de partidos rivales y el control de los principales poderes del Estado. Ahora, buscan eliminar cualquier posibilidad de competencia electoral.
Ortega regresó a la presidencia en 2007 gracias a un pacto político que modificó las reglas electorales, facilitando su reelección. En 2009, la Corte Suprema declaró inaplicable el artículo que prohibía la reelección continua, permitiéndole postularse indefinidamente.
Desde 2016, el control sobre el proceso electoral se ha endurecido, excluyendo a partidos opositores y prohibiendo la participación de observadores internacionales. En 2021, Ortega fue reelegido con el 75% de los votos tras la detención de siete aspirantes opositores.
En 2025, Ortega formalizó su gobierno junto a Murillo como copresidenta, tras una reforma constitucional. Durante la celebración del aniversario de la Revolución Sandinista en 2026, anunció que no se celebrarán más elecciones para evitar que la oposición recupere el poder.
Analistas consideran que Ortega busca consolidar una dinastía política, eliminando cualquier riesgo de perder el control del país. La Asamblea Nacional ya trabaja en reformas constitucionales y legales para impedir la participación de la oposición en futuros procesos electorales.
Estas medidas han generado críticas de la comunidad internacional y aumentado la presión diplomática sobre Managua, mientras se preparan las bases jurídicas necesarias para garantizar estos cambios.
