Incremento Alarmante de Ciberataques a Instituciones Públicas en 2025

Incremento Alarmante de Ciberataques a Instituciones Públicas en 2025

En la primera mitad de 2025, las instituciones públicas de la República Dominicana han registrado 32 incidentes cibernéticos significativos. Según el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS), los intentos de ataques informáticos han aumentado en un 146%, pasando de 265 millones en 2024 a 481 millones este año.

Carlos Leonardo, director ejecutivo del CNCS, destacó la diferencia entre los intentos de ataque y los incidentes que requieren la intervención del equipo de respuesta nacional. “Los atacantes tienen 481 millones de oportunidades para tener éxito y nosotros ninguna”, señaló.

Jhomil Borrel, coordinador del CSIRT-RD, explicó que los 32 incidentes registrados implicaron vulneraciones de sistemas que requirieron la intervención del Equipo de Respuesta a Incidentes para contener y resolver las amenazas.

El CNCS enfatiza que su labor no es atacar, sino prevenir. Leonardo explicó que el centro se dedica a identificar vulnerabilidades y emitir recomendaciones para que las instituciones refuercen sus sistemas antes de ser explotados por ciberdelincuentes.

La principal amenaza sigue siendo el comportamiento de los usuarios. Ángela Noelia Martínez, directora de Coordinación de Estrategia del CNCS, afirmó que el 80% de los incidentes se deben a errores humanos, como abrir enlaces fraudulentos o reutilizar contraseñas.

Leonardo subrayó que la ciberseguridad es una responsabilidad compartida entre el Estado y los ciudadanos. El CNCS mantiene campañas de concienciación y capacitación para fortalecer la cultura de ciberseguridad en el país.

Desde hace tres meses, el Instituto Criptográfico Nacional está en funcionamiento, buscando proteger la información del Estado mediante encriptación. Leonardo explicó que el instituto responde a la evolución de las amenazas cibernéticas, asegurando que la información robada no pueda ser utilizada por los atacantes.

El CNCS también certifica a los proveedores tecnológicos del Estado para garantizar que cumplan con los estándares de protección necesarios.