República Dominicana Bloquea 256 Dominios por Piratería del Mundial 2026
Santo Domingo, RD.– El Ministerio Público ha anunciado la autorización judicial para bloquear 256 dominios de internet y suspender uno más, todos relacionados con la retransmisión ilegal de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Esta acción se enmarca dentro de la Operación Tarjeta Roja, una iniciativa internacional que busca identificar y desmantelar servicios ilegales de IPTV y plataformas digitales que distribuyen contenido sin autorización.
El operativo contó con la participación de autoridades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, Perú y República Dominicana. En el país, intervinieron la Unidad de Propiedad Intelectual del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), y la oficina en Santo Domingo de Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos.
Durante la investigación, se identificaron más de 300 dominios relacionados con la transmisión no autorizada de eventos deportivos, incluyendo plataformas como Tarjeta Roja, Roja Directa, Fútbol Libre y Pirlo TV.
Como resultado, se solicitaron medidas judiciales sobre 257 dominios, de los cuales 256 fueron bloqueados dinámicamente y uno suspendido. Este mecanismo impide el acceso a nuevas direcciones utilizadas por estas plataformas para evadir los bloqueos.
El Ministerio Público advirtió que los servicios ilegales de IPTV no solo afectan a los titulares de derechos, sino que también representan un riesgo para los usuarios, exponiéndolos a programas maliciosos y robo de datos personales.
Las medidas fueron ejecutadas conforme a la legislación dominicana sobre derechos de autor y delitos de alta tecnología. Al intentar acceder a los dominios bloqueados, los usuarios encontraban un aviso de inhabilitación por violación de derechos de propiedad intelectual.
Con esta operación, el Ministerio Público reafirma su compromiso de combatir la piratería digital, fortalecer la cooperación internacional y proteger los derechos de propiedad intelectual, considerando que estas actividades afectan la economía formal y la seguridad digital de los consumidores.
