Transparencia en Compras Públicas: Suspenden 81 Proveedores del Estado
Santo Domingo, RD. — La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas ha suspendido este año 81 registros de proveedores del Estado, sumando un total de 591 suspensiones desde 2020. Esta medida forma parte de las políticas de transparencia y prevención de conflictos de interés impulsadas por el Gobierno.
Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones Públicas, explicó que estas acciones se basan en la nueva Ley 47-25 sobre Contrataciones Públicas. Esta normativa prohíbe que funcionarios y legisladores mantengan vínculos con empresas que contraten con el Estado.
Anteriormente, los funcionarios podían tener hasta un 10% de participación en una empresa sin impedimentos para contratar con el Estado. Sin embargo, la nueva ley elimina este margen, prohibiendo cualquier vínculo con empresas que tengan relaciones contractuales con el Estado.
La suspensión de los registros es preventiva y no implica que los afectados hayan incurrido en contrataciones ilícitas. Es un mecanismo para evitar que quienes ocupan ciertos cargos participen en procesos de contratación pública mientras exista una condición prohibitiva.
Pimentel destacó que esta depuración del registro no es una medida exclusiva por las recientes suspensiones a legisladores, sino parte de un proceso continuo desde 2020. Además, advirtió sobre las consecuencias para funcionarios que intenten evadir restricciones legales mediante empresas de terceros.
La legislación actual incluye mecanismos para identificar al beneficiario final de las empresas y establece sanciones administrativas y penales para quienes oculten vínculos con compañías para participar en contrataciones públicas.
La suspensión de registros ha generado reacciones, especialmente por los casos de los senadores Antonio Marte y Ginette Bournigal. Hasta ahora, no se han recibido recursos formales de reconsideración por parte de los legisladores mencionados.
Pimentel reiteró que las suspensiones se deben a la aplicación de la ley vigente y son parte de los esfuerzos para prevenir conflictos de interés y asegurar mayor transparencia en las contrataciones públicas.
