Diálogo y Protección: El Futuro de la Cordillera Septentrional
La reciente reunión entre el presidente Luis Abinader y líderes comunitarios, religiosos y sociales sobre el futuro de la cordillera Septentrional marca un paso positivo hacia el diálogo. La preocupación de las comunidades por sus recursos naturales exige una respuesta estatal que combine escucha activa, información clara y procedimientos transparentes.
El presidente Abinader aseguró que no hay planes de explotación minera en la cordillera, respaldado por una comunicación del Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, los líderes comunitarios demandan un documento oficial que declare la zona libre de actividades mineras, lo cual es un pedido legítimo que merece una respuesta institucional sólida.
La Constitución dominicana obliga al Estado a proteger el medio ambiente y garantizar el uso sostenible de los recursos naturales, sin que estas obligaciones sean meramente decorativas. Al mismo tiempo, protege la libertad de empresa y exige que la administración pública actúe con transparencia y conforme a la ley.
El equilibrio entre la protección ambiental y la seguridad jurídica es esencial. Las comunidades tienen derecho a organizarse y exigir estudios ambientales, y este derecho debe ser protegido. El Tribunal Constitucional ha demostrado en casos anteriores que la evidencia técnica es crucial para la toma de decisiones.
Cualquier decisión sobre la cordillera debe estar bien fundamentada, diferenciando claramente entre exploración y explotación, y utilizando los instrumentos jurídicos adecuados. La seguridad jurídica no solo protege a las empresas, sino también a los ciudadanos contra la arbitrariedad estatal.
El proceso de reforma de la Ley Minera ofrece una oportunidad para establecer protecciones duraderas para la cordillera Septentrional. Incorporar exclusiones territoriales en la ley, respaldadas por estudios técnicos, proporcionaría una protección normativa sólida.
El diálogo iniciado en el Palacio Nacional puede demostrar que la participación social y la seguridad jurídica son complementarias. La clave está en reunir información, identificar áreas sensibles, y abrir espacios de participación técnica antes de que las decisiones sean tomadas.
Cada actor tiene un papel en este proceso: el presidente debe escuchar, las comunidades deben participar, los técnicos deben estudiar, y los tribunales deben garantizar la legalidad. La cordillera Septentrional merece decisiones serias y bien fundamentadas que se traduzcan en una reforma legal que perdure.
