Desafíos Financieros en la Reforma de la Ley 87-01: ¿Quién Asume el Costo?

El avance del proyecto de reforma a la Ley 87-01 plantea una interrogante crucial: ¿quién financiará los cambios propuestos? Hasta el momento, no se ha presentado una cifra fiscal concreta ni un desglose detallado de las fuentes y usos de los fondos necesarios.

La propuesta incluye un mecanismo de ajuste gradual. Cualquier incremento en las cotizaciones, tanto del empleador como del trabajador, se implementaría de manera escalonada, evitando un impacto inmediato.

El Fondo de Solidaridad Social, que sostiene las pensiones mínimas, es el núcleo del debate. Francisco Torres, Superintendente de Pensiones, sugiere reducir temporalmente el requisito de cotización de 25 a 15 años, dado que el sistema tiene solo 23 años de existencia. Sin embargo, esta flexibilización requiere un aumento en los aportes para mantener la viabilidad del fondo.

Los números ya están sobre la mesa, aunque poco divulgados. La tasa de aporte se incrementaría del 9.97 % actual al 15.25 % del salario en un periodo de ocho años. Esto significa que el trabajador vería un aumento en su descuento mensual del 2.87 % al 4.43 %, mientras que el empleador pasaría de un 7.10 % a un 10.82 %.

El respaldo técnico es significativo. Desde 2023, la SIPEN evalúa las propuestas con un modelo actuarial de la OIT, además de estudios con el Banco Mundial y el BID. Este proceso es riguroso pero lento, ya que cada nueva opción de beneficio debe garantizar la sostenibilidad del fondo a largo plazo.

El riesgo es evidente: que la reforma llegue al Congreso con buenas intenciones, como ampliar la cobertura y adelantar el acceso a la pensión mínima, pero sin claridad sobre el costo en pesos y quién lo asumirá. Esta transparencia será crucial para determinar si la reforma es sostenible o si repetirá los errores que busca corregir.