Finjus Advierte: Incumplimiento de Fallos del TC Amenaza el Estado de Derecho

Finjus Advierte: Incumplimiento de Fallos del TC Amenaza el Estado de Derecho

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha lanzado una advertencia sobre el impacto negativo que tiene el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) en el Estado de derecho en la República Dominicana.

Según Finjus, la falta de ejecución o el retraso en cumplir con las decisiones del TC debilitan la protección judicial de los derechos ciudadanos. Sin embargo, la entidad subraya que cualquier sanción a funcionarios debe estar respaldada por la ley.

El artículo 184 de la Constitución establece que las decisiones del TC son definitivas y vinculantes para todas las instituciones del Estado. La Ley 137-11 también reafirma esta obligatoriedad y otorga al TC la competencia para resolver dificultades en la ejecución de sus fallos.

Finjus destaca la importancia de distinguir entre diferentes causas de incumplimiento, como la imposibilidad material temporal, la ejecución defectuosa o la resistencia deliberada, antes de aplicar sanciones a los funcionarios responsables.

El Tribunal Constitucional ha reconocido las dificultades que enfrentan las instituciones públicas para ejecutar sus decisiones y ha implementado mecanismos de seguimiento. En mayo, el presidente del TC, Napoleón Estévez Lavandier, solicitó al Congreso otorgar más herramientas al organismo para asegurar el cumplimiento efectivo de sus fallos.

Un caso reciente involucra a la Policía Nacional, que fue ordenada a pagar una suma significativa a la viuda de un general retirado por incumplimiento de una decisión sobre derechos de pensión. Este caso subraya la necesidad de reformar la legislación para incluir medidas coercitivas contra el incumplimiento.

Actualmente, el Senado está evaluando un proyecto de ley para establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento de las sentencias judiciales. Finjus apoya esta iniciativa y aboga por una mejor coordinación entre las instituciones para asegurar la ejecución efectiva de las decisiones del TC.