La Delgada Línea entre la Defensa y la Dilación en el Caso Jean Alain Rodríguez

En el caso de Jean Alain Rodríguez, es crucial distinguir entre el legítimo derecho a la defensa y el uso de tácticas para retrasar el proceso judicial con el fin de buscar su caducidad.

La Constitución dominicana, en su artículo 69, garantiza el debido proceso, el derecho de defensa y un plazo razonable. Sin embargo, también protege la tutela judicial efectiva, asegurando que la justicia no sea obstruida.

La defensa tiene el derecho de cuestionar pruebas y recurrir decisiones. No obstante, cuando estos recursos se convierten en una serie de incidentes que impiden el avance del proceso, la situación se complica.

Retrasar un juicio para luego alegar que ha transcurrido demasiado tiempo y pedir la extinción del caso es utilizar la ley en contra de la justicia misma.

El Código Procesal Penal, Ley 97-25, es claro al establecer que las dilaciones provocadas por el imputado no deben contarse dentro del plazo máximo del proceso, siempre que el tribunal las identifique debidamente.

Corresponde al tribunal discernir qué recursos son necesarios para la defensa y cuáles buscan únicamente retrasar el proceso. La extinción de un proceso por vencimiento de plazo no implica absolución, sino que el caso termina sin una decisión de fondo.

Un precedente negativo sería perjudicial, especialmente en casos de corrupción y de alto interés público. Un ejemplo es la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0157/26, que rechazó un recurso alegando dilación injustificada.

El caso de Jean Alain Rodríguez debe llegar a una conclusión. Si la acusación no prueba los hechos, debe haber absolución. Pero si hay pruebas, estas deben ser evaluadas por un tribunal.

Defenderse es un derecho, pero dilatar para lograr la caducidad no debe ser una estrategia válida. Es vital que el ministerio público y los jueces estén atentos a estas tácticas para evitar su repetición en el futuro.