La Inteligencia Artificial No Sustituirá a los Jueces, Afirma Magistrado Dominicano
El juez de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero Montero, ha subrayado que la inteligencia artificial no puede reemplazar la función de un juez. Durante su entrevista de evaluación de desempeño ante el Consejo Nacional de la Magistratura, Montero destacó los riesgos de esta tecnología, especialmente en la generación de información falsa.
El magistrado enfatizó que la tecnología debe ser un complemento y no un sustituto del criterio judicial. Al responder a la magistrada Nancy Salcedo, Montero señaló que, aunque las herramientas digitales pueden mejorar la eficiencia, no deben delegar la decisión judicial.
Montero advirtió sobre el alto porcentaje de errores que puede presentar la inteligencia artificial, lo que podría llevar a confusiones entre verdades y falsedades tecnológicas. A pesar de esto, el Poder Judicial dominicano ha comenzado a incorporar estas herramientas en un proyecto piloto.
El magistrado ha estado involucrado en la digitalización del sistema judicial dominicano, participando en la elaboración de la Ley 339-22 sobre el uso de medios digitales. Durante su evaluación, defendió la importancia de mantener el rostro humano en la administración de justicia.
Montero también abordó el funcionamiento de la Primera Sala de la Suprema Corte, destacando el uso del interés casacional como mecanismo de restricción de acceso. Reveló que de unas 300 decisiones, más de 200 fueron declaradas inadmisibles bajo esta figura.
El juez explicó que la Suprema Corte ha endurecido su criterio en la aplicación del interés casacional para alinearlo con los objetivos legislativos. Además, mencionó que la sala estudiará una reciente sentencia del Tribunal Constitucional relacionada con infracciones procesales.
En defensa de su gestión, Montero presentó indicadores de productividad, destacando la producción de 27,482 decisiones desde abril de 2019, de las cuales fue ponente en el 26%. También mencionó la reducción significativa en el tiempo de resolución de asuntos de arbitraje y demandas en suspensión.
