Banco Central Defiende su Actuación en Sentencia de Cinco Millones de Dólares
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) ha aclarado que la sentencia que lo condena al pago de cinco millones de dólares a un consorcio por un litigio relacionado con terrenos del antiguo Aeropuerto de Herrera está sujeta a recursos legales y podría llegar nuevamente ante la Suprema Corte de Justicia.
La institución respondió a informaciones publicadas en medios sobre la decisión del 13 de agosto por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, calificándolas de incompletas respecto a la situación jurídica del caso.
El fallo ordena al Banco Central pagar cinco millones de dólares al Consorcio Méndez Junior-Méndez Cabral por daños derivados del incumplimiento de un contrato de dación en pago de un terreno de 5,000 metros cuadrados en el área del antiguo Aeropuerto de Herrera.
Según el Banco Central, el proceso ha tenido una extensa trayectoria judicial, con decisiones de varios tribunales, incluyendo el Tribunal Superior de Tierras y recursos de casación ante la Suprema Corte de Justicia.
El Banco Central no ha informado si ha interpuesto un nuevo recurso contra la sentencia, pero indicó que se reserva el derecho de ejercer acciones legales para defender los intereses de la institución y del Estado dominicano.
La entidad explicó que la transferencia de los terrenos fue parte del pago a contratistas del Estado por la ampliación de la Autopista Duarte, realizada a través de la entonces Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones.
Desde 1999, el Banco Central entregó terrenos en Herrera a contratistas mediante dación en pago, por cuenta del Estado dominicano, a requerimiento del Poder Ejecutivo y con autorización de la Junta Monetaria.
El contrato de dación en pago con el Consorcio Méndez Junior-Méndez Cabral surgió de una deuda del Estado por la construcción del tramo I de la Autopista Duarte, ascendiendo a 38.8 millones de pesos.
El litigio surgió porque el consorcio no pudo recibir en posesión el terreno comprometido, ya que había sido cedido anteriormente a otras entidades.
La Corte de Apelación consideró que la imposibilidad de disponer del inmueble durante casi dos décadas causó perjuicios al consorcio.
El Banco Central agregó que la operación de los terrenos de Herrera estuvo vinculada a un contrato de permuta con el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) en 1999, aprobado por el Congreso Nacional.
Mediante ese acuerdo, el CEA se comprometió a entregar terrenos en San José de los Llanos al Banco Central como contraprestación por los inmuebles transferidos a los contratistas.
El Banco Central rechazó cualquier interpretación de su actuación como una apropiación ilegal de terrenos, afirmando que actuó dentro de sus competencias legales y responsabilidades asignadas.
La demanda contra el Banco Central fue presentada en junio de 2017 y atravesó varias instancias judiciales antes de la sentencia del 13 de agosto.
Inicialmente fue declarada inadmisible, pero la Suprema Corte de Justicia casó esa sentencia y remitió el expediente a una corte de apelación.
El Banco Central reiteró que continuará aportando documentos y argumentos jurídicos para sustentar su actuación y establecer responsabilidades en el proceso.
