Banco Central Apela Decisión Judicial sobre Terrenos del Aeropuerto de Herrera
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) ha anunciado su intención de recurrir legalmente una sentencia que ordena el pago de US$5 millones al Consorcio Méndez Junior-Méndez Cabral. Esta disputa está relacionada con terrenos del antiguo Aeropuerto de Herrera.
La institución expresó que las informaciones publicadas sobre el fallo presentan una visión incompleta de la situación, ya que el proceso judicial aún no ha concluido de manera definitiva.
El fallo fue emitido por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Según el Banco Central, la decisión está sujeta a los recursos legales disponibles en la legislación dominicana.
El Banco Central destacó que el caso podría llegar nuevamente a la Suprema Corte de Justicia, que deberá conocer y decidir sobre los recursos que se interpongan. Este litigio ha pasado por diversas jurisdicciones, incluyendo el Tribunal Superior de Tierras, y ha sido objeto de recursos de casación.
El conflicto se origina en operaciones realizadas desde 1999 para saldar deudas con contratistas del Estado, relacionadas con la ampliación de la Autopista Duarte. Como parte de este proceso, el BCRD entregó terrenos en Herrera a contratistas mediante dación en pago, por mandato del Poder Ejecutivo y con autorización de la Junta Monetaria.
El Banco Central firmó un contrato de permuta con el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), aprobado por el Congreso Nacional, en el cual el CEA se comprometió a entregar terrenos en San José de los Llanos como contraprestación.
La institución rechazó cualquier insinuación de apropiación ilegal de terrenos o de acciones destinadas a perjudicar a los contratistas. Afirmó que ha actuado dentro de sus competencias legales y en cumplimiento de sus responsabilidades.
El BCRD manifestó su respeto por las decisiones judiciales y el debido proceso, pero aseguró que ejercerá los recursos legales necesarios para defender sus intereses y los del Estado dominicano. Continuará presentando documentos y argumentos jurídicos para demostrar las circunstancias de las operaciones que originaron el litigio.
