Luis Henry Molina Aboga por Reformas para Optimizar el Sistema Judicial Dominicano

Luis Henry Molina Aboga por Reformas para Optimizar el Sistema Judicial Dominicano

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, ha destacado que el 40% del presupuesto judicial se destina a procesos penales. Ante esta situación, ha urgido la implementación de acuerdos procesales para reducir costos y descongestionar los tribunales.

Molina enfatizó la importancia de la eficiencia operativa y el uso de herramientas digitales para maximizar los recursos disponibles. Además, señaló que agilizar las jurisdicciones inmobiliaria, civil, laboral y de familia podría mejorar la seguridad jurídica y aumentar los ingresos estatales.

Durante un almuerzo con el Grupo de Comunicaciones Corripio, Molina subrayó que la solución para acelerar los casos penales radica en los acuerdos, sugiriendo que solo un pequeño porcentaje de casos debería llegar a juicio.

En cuanto a la gestión de la Suprema Corte, Molina informó que actualmente solo hay 122 casos en trámite, todos dentro de los plazos legales, descartando así la existencia de mora judicial.

Sobre la independencia de los fiscales, reafirmó la neutralidad de la judicatura y la imparcialidad de los jueces en sus decisiones. También propuso una Ley Orgánica del Poder Judicial para abordar la redistribución territorial y otras cuestiones estructurales.

Molina sugirió reorganizar el país en cinco grandes regiones judiciales, apoyadas por Cortes de Apelación regionales, para mejorar la eficiencia del sistema. Además, destacó la importancia de las Casas de Justicia y el uso de mediadores para resolver conflictos sin necesidad de acudir a tribunales.

La digitalización del sistema judicial avanza, especialmente en Santiago, donde el 68% de los abogados realizan trámites de manera remota. Desde su llegada en 2019, Molina ha trabajado en la digitalización, eliminación de mora y seguimiento en tiempo real de los expedientes.

Finalmente, reconoció que uno de los retos pendientes es incentivar acuerdos para reducir los juicios penales y mitigar las demoras en áreas de alto desarrollo turístico y comercial.