Aplazan Audiencia por Presunta Trata de Menores en Haina
El Ministerio Público ha solicitado tres meses de prisión preventiva para los acusados en el caso de presunta trata de menores en Haina. La fiscalía sostiene que los cargos son por trata de personas con fines de explotación laboral.
La audiencia de medida de coerción contra Ángel Gabriel Capellán, conocido como “El Pastor”, e Isaías Muñoz, ha sido aplazada para el jueves 10 de septiembre. Esta decisión se tomó para conocer el anticipo de prueba de los niños involucrados.
La fiscal Fanny Garabito, junto a los magistrados Rodolfo Reyes y Ana Mercedes Pichardo, informaron que el Ministerio Público mantiene la calificación jurídica provisional de trata de personas. Los presupuestos que sustentan esta solicitud han sido depositados y serán discutidos en la audiencia correspondiente.
El expediente del Ministerio Público identifica a nueve niños, de entre dos y 13 años, quienes supuestamente fueron sometidos a golpes, quemaduras, privación de alimentos y trabajos forzados. Los menores serán representados por el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).
Manuel Soto Lara, abogado defensor de Ángel Capellán, cuestionó la falta de denuncias por parte de los padres de los niños. Argumentó que los menores fueron llevados a la fundación con el consentimiento de sus progenitores y negó que hayan sido retenidos contra su voluntad.
La fiscal indicó que el caso sigue en etapa de investigación y que será el tribunal quien determine las responsabilidades basándose en las evidencias presentadas. La investigación comenzó el 28 de agosto, tras la fuga de un niño de 12 años que buscó protección policial.
El expediente incluye entrevistas de psicología forense, certificados médicos y actas de allanamientos. El abogado defensor también cuestionó la falta de autorización de la fundación para operar, calificándolo como un asunto administrativo.
Soto Lara defendió la labor de Capellán, afirmando que el centro ofrecía protección a niños y adultos mayores. Rechazó que las alegaciones de maltrato sean utilizadas para cerrar el centro, sugiriendo que se investigue y se determine la responsabilidad individual.
