Gobierno Dominicano Refuerza Protección de Recursos Naturales con Nuevo Decreto
El Gobierno de la República Dominicana ha emitido el Decreto 615-26, que busca proteger las principales infraestructuras y fuentes de agua del país. Esta medida tiene como objetivo combatir el denominado “terrorismo medioambiental” en áreas protegidas.
El presidente Luis Abinader ha fundamentado esta orden en la Ley 267-08 sobre Terrorismo, destacando la importancia estratégica de las infraestructuras y ecosistemas del sector agua. Entre los activos ambientales de especial protección se encuentran cuencas hidrográficas, acuíferos, manglares, humedales, arrecifes coralinos, bosques protectores y nacimientos de ríos.
El decreto establece que el término “terrorismo ambiental” se utilizará con fines administrativos y preventivos, y no todas las infracciones recibirán automáticamente esta calificación. La identificación de amenazas estará a cargo del Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista.
Además, el artículo 4 del decreto instruye a varias instituciones, como el Ministerio de Defensa y el Ministerio Público, a desarrollar un plan para prevenir y combatir el terrorismo ambiental. Este esfuerzo busca enfrentar problemas como la extracción ilegal de arena y la contaminación de ríos.
Durante la firma del decreto, Abinader advirtió que actos como la quema de bosques y la extracción de arena en ríos serán considerados actos terroristas medioambientales. Todas las agresiones contra el patrimonio ambiental deberán ser remitidas al Ministerio Público para su investigación.
El decreto también promueve el uso de plataformas tecnológicas para que los ciudadanos puedan denunciar actividades que amenacen los recursos naturales, garantizando la protección de los denunciantes.
En el marco de estas acciones, el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, anunció la intervención de La Neverita, en el río Nizao, y la recuperación del río Haina. Abinader enfatizó que el objetivo principal es establecer un régimen de consecuencias para disuadir y perseguir acciones que deterioren los ecosistemas del país.
