Ley Mirabal: Unificando Esfuerzos Contra la Violencia de Género

Ley Mirabal: Unificando Esfuerzos Contra la Violencia de Género

El Congreso Nacional y el Ministerio de la Mujer están colaborando para consolidar 19 iniciativas legislativas en un solo proyecto de ley, denominado Ley Mirabal, que busca prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.

Este esfuerzo incluye la recuperación de 18 propuestas del proyecto ‘Déjala Ir’ de 2025 y el Proyecto de Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres presentado por el Poder Ejecutivo en 2022.

Las comisiones de Asuntos de Género, Familia y el Ministerio Público de la Cámara de Diputados, junto con la Comisión de Género y Familia del Senado, están liderando este proceso.

La primera sesión de trabajo se llevó a cabo en el salón Hugo Tolentino Dipp, con la participación de la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, quien destacó la necesidad de actualizar la legislación conforme a los cambios recientes en el Código Penal y el Código Procesal Penal.

Reyes subrayó que la nueva propuesta busca integrar componentes de prevención, protección, persecución y sanción de la violencia contra las mujeres.

La diputada Brenda Ogando, presidenta de la Comisión de Asuntos de Equidad de Género, enfatizó la importancia de unificar las propuestas para entregar una legislación integral al país.

La senadora Aracelis Villanueva, presidenta de la Comisión de Género y Familia, coincidió en la necesidad de una ley que reúna las diferentes propuestas y establezca mecanismos integrales para enfrentar la violencia de género.

El proyecto también examinará el funcionamiento de las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia, un modelo criticado por obligar a las víctimas a abandonar su entorno en lugar de desplazar al agresor.

La Ley Mirabal, nombrada en honor al centenario del nacimiento de Minerva Mirabal, busca reconocer la lucha de las hermanas Mirabal contra la violencia hacia las mujeres.

El proceso de consulta requerirá varias jornadas de trabajo para concertar posiciones entre las instituciones responsables de aplicar la legislación.