Rechazan Extinción de Acción Penal en Caso Donald Guerrero
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha decidido no declarar la extinción de la acción penal contra varios implicados en el caso de presunta corrupción liderado por el exministro de Hacienda, Donald Guerrero. La decisión se tomó por mayoría de dos juezas, mientras que una de ellas emitió un voto salvado, rechazando el incidente pero no las motivaciones.
La presidenta del tribunal, Arlin Ventura Jiménez, presentó un voto disidente, argumentando que la acción penal debería haberse extinguido debido a que han pasado casi seis años desde el inicio de la persecución contra Guerrero. Ventura también señaló que el tiempo máximo de cuatro años para otros acusados ya ha vencido.
El tribunal consideró la ley 10-15, reformada por la 97-25, que establece que el proceso penal comienza a computarse desde las medidas de coerción. La jueza Leticia Martínez Noboa, quien emitió el voto salvado, también opinó que se debería considerar la ley vigente.
Ambas magistradas destacaron que no solo las medidas de coerción limitan derechos fundamentales, sino también las investigaciones prolongadas. Sin embargo, Martínez Noboa coincidió con su colega Eveline Rodríguez en que, debido a la complejidad del caso, el plazo aún no ha concluido.
Entre los acusados que solicitaron la extinción de la acción penal se encuentran los abogados Ángel Lockward y Juan Tomás Polanco Céspedes, así como Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista y Roberto Santiago Moquete Ortiz. Alegan que ya han transcurrido los cuatro años que establece la ley sin que se haya emitido sentencia.
A los imputados, incluidos exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar y de Catastro Nacional, se les acusa de desviar fondos mediante pagos irregulares y sobornos para financiar la campaña electoral de 2020. También se les atribuye un esquema de extorsión sobre los juegos de azar regulados por el Ministerio de Hacienda.
Tras la decisión del tribunal, se ordenó al Ministerio Público comenzar con la lectura de la acusación del juicio de fondo, que deberá concluir con una condena o absolución. La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, destacó que el fallo analizó aspectos más allá del simple cómputo matemático.
