Inabie Defiende Participación de Jóvenes en Licitaciones Públicas
Santo Domingo.- El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Adolfo Pérez, ha aclarado que no existen restricciones legales que impidan a jóvenes de 23 o 24 años participar y ganar licitaciones millonarias con el Estado, siempre que cumplan con los requisitos del proceso de contratación.
Esta declaración surge tras cuestionamientos sobre tres jóvenes que obtuvieron contratos por RD$110 millones para el suministro de alimentos escolares. Pérez aseguró que la institución está investigando la denuncia con rigor y transparencia.
El director explicó que el proceso de contratación está diseñado para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), permitiendo la participación de nuevos emprendedores sin exigir años de experiencia en el mercado.
Pérez enfatizó que los contratos no implican un desembolso automático del Estado. Los pagos están condicionados a la entrega efectiva de las raciones de alimentos, cumpliendo con los estándares de calidad y cantidad.
El funcionario rechazó que la edad de los empresarios sea un impedimento para participar en licitaciones públicas, destacando que ni la legislación de compras públicas ni la Constitución establecen un mínimo de edad para tener una empresa o contratar con el Estado.
Para garantizar la capacidad de cumplimiento, los participantes deben presentar cartas de crédito o compromisos financieros. Hasta ahora, las empresas cuestionadas han cumplido con los requisitos establecidos, aunque el Inabie sigue revisando las denuncias.
Pérez afirmó que el objetivo es democratizar el acceso de las mipymes a los negocios estatales, evitando que solo empresas con grandes capacidades financieras dominen el mercado.
El director subrayó que cada contrato será fiscalizado y que los pagos estarán vinculados al cumplimiento de las entregas, asegurando que los recursos destinados al programa de alimentación escolar se utilicen adecuadamente.
Finalmente, Pérez destacó que la apertura a nuevos proveedores es parte de una política más amplia de apoyo a la producción nacional y a las mipymes, lo que ha generado cuestionamientos de sectores interesados en mantener su participación en los negocios estatales.
