Finjus Sugiere Ajustes Clave en la Reforma de la Policía Nacional
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha expresado su apoyo al proyecto de reforma de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, aunque ha recomendado al Congreso realizar ajustes en áreas críticas como el régimen disciplinario, el uso de la fuerza, las pensiones y el retiro por discapacidad.
En una comunicación dirigida a los líderes del Senado y la Cámara de Diputados, firmada por el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, la organización respondió a las observaciones del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de Funglode. Finjus aclaró que su análisis se centra en el texto de 342 artículos aprobado por el Senado el 10 de julio de 2026.
La entidad destacó que la reforma puede modificar las condiciones de ingreso, ascenso, permanencia y retiro sin vulnerar derechos adquiridos, basándose en precedentes del Tribunal Constitucional. Finjus apoya el retiro discrecional durante el período de prueba, siempre que haya evaluación, motivación y posibilidad de impugnación.
Además, considera válido impedir temporalmente el ascenso de agentes con acusaciones penales o sanciones disciplinarias pendientes, ya que esto no implica una declaración de culpabilidad ni una segunda sanción.
Finjus propone redirigir el 30% de las multas disciplinarias de la Inspectoría General a un fondo administrado por una entidad independiente para evitar conflictos de interés. También sugiere aclarar la cláusula residual sobre faltas disciplinarias y establecer una gradación clara en el uso de la fuerza.
La organización advierte sobre una contradicción entre los artículos 92 y 193, donde un agente con un 50% de discapacidad podría ser desvinculado sin derecho a pensión. Finjus solicita armonizar estas normas y evaluar la reasignación de funciones compatibles.
Finalmente, recomienda revisar el régimen previsional con la Superintendencia de Pensiones y armonizar las disposiciones sobre el ejercicio de la abogacía. Finjus enfatiza que la reforma debe resultar en una Policía profesional, legítima, transparente y sujeta a controles.
