Procuradora Reynoso Desmonta Mitos sobre el Sistema de Justicia Dominicano
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ha desafiado las creencias populares sobre el sistema de justicia dominicano, calificándolas de mitos sin respaldo estadístico.
Durante su intervención en el VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, Reynoso cuestionó la percepción de que el Ministerio Público solicita prisión preventiva para todos los imputados y que las cárceles están llenas de consumidores de drogas.
Reynoso argumentó que muchas de estas afirmaciones se han aceptado como verdades sin datos que las respalden. Criticó la falta de estadísticas confiables que sustenten la idea de que un alto porcentaje de presos están en prisión preventiva.
La procuradora también rechazó la noción de que las cárceles dominicanas están llenas de personas encarceladas por consumo de drogas, destacando que el Ministerio Público ha aplicado el criterio de oportunidad en estos casos durante más de seis años.
Reynoso subrayó que no hay personas privadas de libertad exclusivamente por consumo de drogas, y que si están encarceladas, es por otros delitos. Además, rechazó la percepción de que los fiscales llevan indiscriminadamente casos a los tribunales.
Indicó que menos del 10% de las 236,783 denuncias recibidas el último año terminaron en procesos judiciales, y que la mayoría de los casos se resuelven por otras vías debido a la alta conflictividad social en el país.
Reynoso también abordó la resistencia a los acuerdos y soluciones alternas, señalando la falta de cultura de conciliación entre los actores involucrados en los conflictos.
En su conferencia, Reynoso destacó la importancia de considerar los derechos de las víctimas en el proceso penal, criticando la percepción negativa hacia las indemnizaciones económicas como parte de la solución de un proceso.
Finalmente, anunció el desarrollo del primer catastro penitenciario biométrico del país, que permitirá una mejor sistematización de los datos de la población penitenciaria y la apertura de 37 oficinas de representación legal gratuita para víctimas en todo el país.
